Acusan a una jueza por no investigar torturas y vejaciones en la cárcel de Cruz del Eje

Los abogados Dania Guadalupe Villanueva y Rodrigo Ernesto López Tais, en representación del interno Mauricio Daniel Bustamante, de 33 años, denunciaron ante el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura los «tratos crueles, inhumanos y degradantes que le habría proferido personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba» (SPC) a su defendido.

Según consta en el escrito, el joven denunció en reiteradas ocasiones al SPC por agresiones a su integridad moral, psíquica y física, y presentó más de 200 hábeas corpus que forman parte del abultado expediente de ejecución que cuenta con 27 cuerpos de 200 páginas cada uno, algo «inusual» en el fuero penal de la provincia de Córdoba.

En diálogo con cba24n.com.ar, López Tais contó que tanto Mauricio, como su padre Marcelo Bustamante, se encuentran actualmente alojados en la cárcel de Bouwer -el traslado de Mauricio se realizó el 30 de junio, el mismo día que realizamos la entrevista para esta nota, luego de ser solicitada en innumerables ocasiones

En su prolongada estadía en el complejo penitenciario de Cruz del Eje, ambos denunciaron haber sido víctimas de tormentos y vejaciones por parte de personal del SPC, que fueron elevadas oportunamente al juzgado de Ejecución de dicha ciudad, a cargo de la jueza Dora Antinori Asis, quien jamás realizó investigación alguna de lo relatado, según informó el defensor.

El relato del horror en primera persona

“He estado encadenado meses, me han quebrado mis huesos, me han sacado mis dientes, me han puesto bolsas en la cabeza, me han hecho cosas horribles, me han tenido parado levantando un pie y con las manos en forma de espantapájaros. Eso es lo que más me dolió en mi vida”, relató Mauricio en agosto de 2019 a Hoy Día Córdoba.

“Mis reclamos han sido siempre por estudiar, porque se me permita formarme en las universidades (…) por las vulneraciones, los apremios y las torturas físicas que me han hecho, como sacarme cuatro dientes, quebrarme, daño testicular permanente, medicarme contra mi voluntad con 13 clonazepam diarios”, explicó Bustamante desde la cárcel a dicho diario, asegurando que la mayoría de los reclusos de las cárceles cordobesas sufren vejámenes similares.

En ese marco, López Tais contó que en una oportunidad a su defendido se le dispuso un régimen de aislamiento, de máxima seguridad, «en el que estuvo 60 días aislados (…) sin ver la luz del sol durante 22 horas al día. Pueden salir una hora a asearse, y una hora a hablar por teléfono», describió el defensor.

Según explicó el defensor «cuando existen denuncias de este tipo, hay una obligación de investigar que surge del artículo 44 de la Constitución de la Provincia de Córdoba». Y citó textualmente: «Todo funcionario responsable de la custodia de presos, al hacerse cargo de los mismos, debe exigir y conservar en su poder la orden de detención o prisión; al él corresponde su custodia, con exclusividad. Es responsable de la detención o prisión indebida».

Además, en otro párrafo indica que está «Prohibida la tortura o cualquier trato vejatorio o degradante, el funcionario que participe en ellos, no los denuncie, estando obligado a hacerlo, o de cualquier manera los consienta, cesa en su cargo y no puede desempeñar otro por el término que establece la ley», subrayó López Tais. «Es decir que establece una sanción fulminante para todo funcionario que por acción u omisión consienta este tipo de prácticas que son aberrantes», dijo, haciendo alusión a la jueza Antinori Asís.

Según explicó el defensor, todos los derechos son relativos, ya que pueden ser reglamentados por la ley para que no entre en colisión con otro. «Pero hay un derecho que es absoluto, a no ser torturado. Porque tiene que ver con la dignidad del ser humano», sostuvo López Tais.

En esa línea, indicó que «hay un problema sistémico: esto no va a cambiar cambiándose un funcionario, y ese problema está vinculado en primer lugar, a prácticas antidemocráticas que lleva adelante en ese lugar tan cerrado, tan sombrío que es la estructura carcelaria. Entonces debe haber más control por parte de las autoridades», remarcó.

Respecto a la violación de los derechos consagrados en la Constitución por parte del SPC, López Tais indicó que le llama poderosamente la atención que, tras la visita a Argentina y en particular a Córdoba en 2018 del relator del Comité Internacional de Naciones Unidas para la prevención de la Tortura, que «realizó un informe que es realmente demoledor en relación a la situación en la que él mismo vio en distintas cárceles (…) «indicando que la situación que se vivía en las cárceles es paupérrima» (estuvo en la de Cruz del Eje y en el Complejo Esperanza) no se haya realizado nada al respecto desde los distintos poderes del Estado Provincial.

«El Poder Ejecutivo no tomó nota de ello; el Poder Legislativo no lo trató nunca en ninguna sesión; el Poder Judicial más allá de algunos gestos que podrían traducirse como maquillaje institucional, tampoco hizo nada. Sin embargo esas situaciones siguen ocurriendo», remarcó el letrado.

Además, indicó que es innumerable la cantidad de delitos que se producen en las cárceles, agregando que «si los sistemas de seguridad son tan estrictos, nada de esto puede suceder sin por lo menos la anuencia o la complicidad de personal del Servicio Penitenciario».

López Tais señaló, por otro lado, que el presupuesto destinado a las cárceles de Córdoba es millonario: cada interno le cuesta al Estado Provincial 150 mil pesos. «Eso es en la teoría, después uno va y constata y puede observar la situación en que viven los presos, una cosa es lo que dice el presupuesto y otra cómo viven», indicó, haciendo referencia al hacinamiento, a la pésima calidad de la comida y al estado deplorable de los calabozos.

«En los últimos 10 años se ha duplicado la población carcelaria. En celdas que estaban preparadas para una persona, en la actualidad se alojan 3 o 4 . No tienen colchones (..) No tienen la posibilidad de tener mínimamente las condiciones humanas elementales para poder subsistir», contó el abogado.

Escuchá la primera parte de la entrevista:

Además, el defensor sostuvo que «la cárcel de Cruz del Eje es una de las peores del país porque es una cárcel de condena en donde la mayoría de los internos llega ahí y quedan completamente desconectados de su familia», remarcó, agregando que «la finalidad del tratamiento penitenciario es la reinserción social de esa persona», consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

«Hay una situación de mortificación en las personas que no pueden tener mínimamente situaciones de habitabilidad. Lógicamente hay un sector de la sociedad que dice ‘que se pudran, que se mueran en la cárcel’, pero hay que decir que en una sociedad respetuosa de los derechos humanos, todas las personas, aún aquellas que han sido condenadas por algún delito también tiene derechos», concluyó López Tais.