Diputados: la era Alberto comenzó con ajuste a los jubilados y un guiño al FMI

Por:       Fernando Scolnik @FernandoScolnik

La izquierda tenía razón. Cumplir con los pagos de la deuda pública a los especuladores y dar respuesta a las necesidades de las grandes mayorías sería incompatible, más allá de todas las promesas de campaña.

En solo diez días, el nuevo Gobierno de Alberto Fernández empezó a dar las primeras muestras de que esa contradicción efectivamente va a ser así.

La “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” que este viernes votó la Cámara de Diputados presidida por Sergio Massa (con votos del Frente de Todos pero también de los bloques referenciados en Roberto Lavagna, Juan Schiaretti y bancadas provinciales), y que ahora pasa al Senado, estableció como objetivo prioritario “crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”.

Esos lineamientos también los había adelantado el ministro de Economía Martín Guzmán en un programa del canal TN: «Si esta ley no estuviese sería muy difícil para el país poder tener las condiciones que necesita para poder empezar esas conversaciones», en referencia a la negociación con el FMI.

En esa misma emisión televisiva, Guzmán habló de “programa macroeconómico consistente” y del “compromiso para equilibrar las cuentas”, eufemismos para decir que se continuará un camino de disciplina fiscal para poder demostrarle a los acreedores que la deuda podrá renegociarse y estirar sus plazos, pero que se les seguirá pagando sin siquiera auditarla para investigar las irregularidades con las que se contrajo.

En el mismo sentido se había pronunciado el presidente Alberto Fernández en un encuentro de la Asociación Empresaria Argentina, cuando afirmó ante hombres de negocios como Héctor Magnetto de Clarín o Paolo Rocca de Techint que con el FMI estaban en una “misma lógica de trabajo”.

Como no podía ser de otra manera, la contracara de esos compromisos son medidas de ajuste, cuyas primeras víctimas son millones de jubilados a quienes se les suspendió la movilidad jubilatoria justo en el momento en el que la fórmula más los iba a beneficiar: debían tener un aumento del 29 % durante el primer semestre de 2020, lo cual quedó suspendido. Ahora su futuro de los próximos meses será decidido por decreto por el presidente.

Los diputados que votaron la media sanción a la ley y cobran más de $ 180.000 decidieron que apenas habrá un bono de $ 5000 por dos meses para los jubilados que cobran la mínima, mientras que otros 2,3 millones de adultos mayores no solo no tendrán bono sino ni siquiera garantías sobre cuánto van a cobrar en marzo. El 70 % de los jubilados seguirá cobrando por debajo de la canasta básica para adultos mayores, valuada hoy en $ 38.000.

Mientras tanto, aun no hay confirmaciones del bono para los asalariados, ni cuánto se cobrará, ni quiénes, ni cómo, ni cuándo. ¿Alcanzará para compensar lo perdido y llegar a la canasta básica familiar? Todo parece indicar que no.

Una cosa sí es segura: durante la campaña, Alberto Fernández había prometido que el 10 de diciembre aumentarían un 20 % los salarios y las jubilaciones. Claramente, eso no sucedió.

Quienes seguirán ganando bajo este Gobierno son los mismos que ganaron bajo el macrismo. No por casualidad los mercados festejaron estas jornadas con una baja del riesgo país y subieron los bonos de la deuda argentina.

No se trata solo de los acreedores que celebran la disposición del Frente de Todos de seguir pagando la deuda, sino también de otros importantes factores de poder.

Por ejemplo, mientras se afecta a los jubilados, a los bancos no se les ha tocado un pelo con la nueva ley. Recordemos que entre enero y octubre el resultado total integral de los bancos fue de $ 243 mil millones. La ganancia sólo del mes de septiembre fue récord: $ 37 mil millones, lo que equivale a más de 950 mil salarios promedio del empleo privado registrado.

A las mineras y a las petroleras se las beneficia con una baja de retenciones del 12 % al 8 %. Peor aún: Alberto Fernández dijo que “la minería es una actividad primordial» y pactó con el gobernador radical de Mendoza, Rodolfo Suárez, la reforma de la ley 7722 que impedía la utilización de sustancias tóxicas como el cianuro y el ácido sulfúrico en la minería. Hoy habrá importantes movilizaciones contra esa reforma.

¿Dónde están los amigxs progre, del Frente de Todos, que en estos 4 años se oponían al neoextractivismo y asentían cuando hablábamos de estas cuestiones? Se sienten identificados cuando A.Fernández dice que "la minería es una actividad primordial"¿Van a mirar para otro lado?

— Maristella Svampa (@SvampaM) December 19, 2019

Por otro lado, a las empresas privatizadas de servicios públicos, que durante el macrismo y gracias a los tarifazos y subsidios ganaron 3,2 millones de dólares por día, se les convalidan los aumentos realizados durante el Gobierno de Cambiemos. La medida de “congelar” las tarifas por seis meses es en realidad una manera de disimular que el peronismo en el Gobierno se niega a hacer lo que había votado en el Congreso Nacional cuando era oposición: retrotraer los tarifazos a los niveles de fines de 2017.

En cuanto a las patronales del campo, que por estos días amenazan con medidas de fuerza, apenas se les aumentaron las retenciones a los mismos niveles que las tenía fijadas Macri en 2018. Vale recordar que forman parte de los que más ganaron durante los últimos años, por ejemplo, con cada golpe devaluatorio.

Respecto del personal político que defiende los intereses de los poderosos, también ellos quedan intactos: no habrá ajuste ni para diputados, senadores, jueces o ministros, cuyos sueldos son decenas de veces superiores a los de cualquier trabajador o jubilado. El «esfuerzo» y la «solidaridad» se ve que no son para ellos.

diputadas y diputados que cobran 180 mil pesos votarán una ley para ajustar a todos los jubilados que apenas superan los 19 mil pesos. Son "solidarios" con la plata de los que laburaron toda su vida!!. Que todo diputado cobre igual que un docente! Basta de privilegios!

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 19, 2019

Por último, pero no por eso menos importante, el proyecto propone declarar la emergencia “económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social». Con ese argumento, pide el otorgamiento de facultades especiales para que el Poder Ejecutivo tome decisiones sin pasar por el Congreso. Eso significaría gobernar apelando a decretos y otros mecanismos similares.

Durante estas jornadas se escucharon con fuerza las denuncias de la izquierda y particularmente las del ex candidato a presidente y diputado nacional Nicolás del Caño. En las últimas horas, el dirigente de la izquierda tuvo una gran repercusión mediática y fue tendencia en redes sociales.

Esto tiene una explicación sencilla. Mientras que desde el oficialismo defendieron a capa y espada el proyecto, las denuncias de Cambiemos sonaron como hipocresía para gran parte de la población, después de años de ajuste, por ejemplo a los jubilados. La única voz clara de oposición al plan del Gobierno, defendiendo los intereses de los jubilados, fue la del Frente de Izquierda.

En el Congreso Nacional, Del Caño y Romina del Plá recordaron que este nuevo ataque a los jubilados, mientras se beneficia a los poderosos, se da justo a dos años de la reforma previsional de 2017 cuando con represión y votos del peronismo el macrismo saqueó a los adultos mayores.

También Del Caño desenmascaró el argumento oficial de pedirle “solidaridad” a trabajadores o jubilados de ingresos algo mejores a los de la mínima mientras los grandes capitalistas siguen siendo ampliamente beneficiados.

Además de rechazar el proyecto, el bloque del Frente de Izquierda destacó que el 82 % para todos los jubilados se podría garantizar restituyendo los aportes patronales al 33 % y con impuestos a la renta financiera.

Como dijo Del Caño, “hay que tocar los intereses de los primeros, de los grandes ganadores”.

Fuente: laizquierdadiario