Policiales
Los cuadernos de las coimas: el escándalo reabre en Córdoba el debate por una obra sospechada
Se trata de la construcción de una central eléctrica donde intervino Electroingeniería
CÓRDOBA.- En el marco de la causa judicial de los cuadernos de las coimas , en la que está detenido e imputado el vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra -quien pidió licencia en su cargo-, el Frente Cívico recordó que hace cinco años, el entonces senador Luis Juez denunció ante la Justicia un supuesto «triángulo de la corrupción» entre esa empresa, la Anses y la Empresa Provincial de Energía (EPEC).
Se presentó una denuncia, pero todavía no hubo resolución de la Justicia.
La denuncia apunta a la construcción de la central eléctrica Pilar. La presentación ante la Justicia Federal pide investigar al exgobernador José Manuel de la Sota ; a su sucesor,Juan Schiaretti ; a Diego Bossio , extitular de la Anses; al exministro Julio De Vido , y al expresidente de la EPEC Daniel Bonetto. También incluye a Ferreyra y a Osvaldo Acosta, presidente de Electroingeniería.
Juan Pablo Quinteros, legislador provincial del Interbloque Cambiemos , explicó que el acuerdo original entre la provincia y Nación para la repotenciación de la central termoeléctrica de Pilar derivó en la construcción de una nueva, al lado de la existente. En el primer caso, el financiamiento sería nacional, provincial y de la EPEC, mientras que la ejecución de la obra quedó bajo responsabilidad exclusiva de la compañía eléctrica.
El costo inicial de la inversión era de US$300 millones, monto que coincidía con un préstamo otorgado el 19 de diciembre de 2008 por la Anses. Después de 13 meses, la cifra alcanzó los US$565 millones y se cubriría con títulos de deuda.
Tras la detención de Ferreyra, el gobierno de Córdoba justificó los contratos con Electroingeniería y dijo que no hubo «irregularidades».
«El endeudamiento extremo se agrava porque la EPEC debe cancelarlo a la adjudicataria de la licitación, Electroingeniería, por el contrato para la operación y el mantenimiento», señaló Quinteros. Son US$30 millones anuales durante los ocho años, lo que eleva el costo final de la obra en US$240 millones.
El monto se cargó al balance de la EPEC como su responsabilidad exclusiva, pero ante la imposibilidad de pago, la provincia asumió la mitad de cada cuota.
«No existió licitación pública -describió el legislador-. La única que hubo fue en 2007 para la repotenciación de la central vieja, proyecto que fue dejado de lado. No se hizo un nuevo llamado y se adjudicó la obra a la UTE Electroingeniería-Sener Ingeniería en 2008».
La obra -insistió Quinteros- comenzó sin una estructura de financiamiento que asegurara su construcción y todas las negociaciones para conseguir el dinero fueron «ruinosas» para las finanzas de la EPEC. «Son evidentes también los esfuerzos y la preocupación de los funcionarios nacionales por hacerse de papeles que los cubrieran en una operación que aparecía de dudoso cobro: sucesivas negociaciones, reconocimientos de deuda, incumplimiento de pago, nuevos plazos», agregó Quinteros.
La Justicia Federal de Córdoba se declaró incompetente para investigar. En octubre de 2013, la denuncia fue derivada a la Justicia provincial y está en la Fiscalía en lo Penal Económico (Anticorrupción) a la espera de la designación de fiscal.
Tras la detención de Ferreyra, el gobierno de Córdoba justificó los contratos con Electroingeniería y dijo que no hubo «irregularidades».
