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En los últimos 30 meses, un policía sancionado por día
Se trata de una estadística del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de la Provincia de Córdoba. La gama de delitos es variada, desde aquellos gravísimos hasta otros más leves.
Por: Juan Federico @JuanFedericoCba
Hay de todo. Ladrones, estafadores, golpeadores y hasta distraídos. El glosario de delitos y faltas que se les atribuye a los policías cordobeses comprende un amplio abanico. Una sucesión de malas noticias azules que se puede traducir en una cifra: un uniformado sancionado por día.
La estadística fue presentada ayer ante la Comisión de Legislación General de la Unicameral cordobesa por la titular del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, el organismo civil provincial que se encarga de investigar administrativamente a los policías, guardiacárceles y agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) sospechados de delitos.
Ana María Becerra, la presidenta del tribunal, se presentó ante un grupo de legisladores para dar a conocer los detalles de los cambios propuestos a Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, que serán ingresados la semana próxima.
Fue en el marco de esta presentación que Becerra dio a conocer una cifra que admite diferentes lectura, pero que no deja de tener un impacto contundente: entre el 10 de diciembre de 2015 y el 30 de junio último, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario sancionó a 849 agentes por una amplia gama de faltas leves, graves y gravísimas.Según se indicó, las acusaciones son variadas: participación activa en delitos penales (se los sanciona más allá de la pena que les puede caber en el ámbito judicial), choques importantes en móviles oficiales, pérdidas de armas, violencia de género y la fuga de detenidos, entre otros.
En promedio, un uniformado sancionado por día. Varios de ellos están acusados en diferentes fiscalías provinciales por delitos graves.
Las resoluciones abarcan entre cesantías, suspensiones y arrestos internos.
Cabe destacar que varias faltas menores ya no llegan al Tribunal de Conducta Policial, sino que son analizadas y resueltas por la Dirección de Control de Gestión Policial, creada hace más de un año y que depende de la propia Policía.
El lapso estadístico que se dio a conocer ayer coincide con el inicio de la gestión del ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Massei, en diciembre de 2015. Junto a él regresaron las actuales autoridades del Tribunal de Conducta Policial, las mismas que habían estado al frente de este organismo en el anterior gobierno de Juan Schiaretti.
Si se disgrega por año, surge que en aquel último mes de 2015 hubo 23 sancionados; en todo 2016, fueron 358; un año después, 351. Y en los primeros seis meses de este 2018, fueron 117.
No obstante, Becerra admitió que en este último semestre se han retrasado con la resolución de algunas causas.
El grueso de los sancionados, en proporción, está conformado por policías, muy por encima de los penitenciarios y de los agentes antidrogas.
“Si bien lo óptimo sería cero, este es un número manejable, acotado”, valoró la titular del tribunal y destacó que la fuerza tiene más de 21 mil agentes.
En medio de la presentación, la legisladora opositora Liliana Montero planteó la necesidad de conocer la cantidad de denuncias que existen contra policías, dato que Becerra dijo no tener en ese momento, aunque prometió llevarlo a la Unicameral.
La funcionaria resaltó la decisión de sancionar a cualquier uniformado sin detenerse en las jerarquías.
Sin embargo, Montero le recordó que el exjefe de Policía Julio César Suárez, condenado en primera instancia por amenazar a un periodista y con una imputación por tenencia ilegal de arma, aún ostenta rango policial y no se conoce que haya sufrido ninguna sanción.
La curiosa aplicación de la ley antimotines
Otro momento interesante de la presentación ocurrió cuando se pidió explicaciones sobre las 72 armas que fueron robadas de Jefatura en mayo de 2015. Al conocerse de manera pública aquella sustracción, varios meses después de ocurrida, 17 policías fueron puestos en situación pasiva y cuatro de ellos terminaron imputados, aunque rápido recobraron la libertad.
Ayer Becerra aclaró en la Unicameral que al asumir al frente del Tribunal ya no intervinieron en este caso porque desde el Gobierno provincial se había dispuesto aplicar, días antes, la ley antimotines, que deja fuera a este organismo de cualquier participación en la investigación.
Un dato que hasta ahora, más de dos años y medio después de desatarse aquel escándalo, nunca había salido a la luz pública, ya que sólo se había tratado de un trascendido que luego nadie terminó por confirmar.
Los legisladores opositores no dejaron de subrayar su sorpresa ante esta respuesta.
Al mismo tiempo, Becerra dejó entrever los cambios que se vendrán a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. “A 15 años de la creación del tribunal, hay que modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos”, dijo a modo de prólogo y enumeró: redes sociales, teléfonos celulares, adicciones y leyes de violencia familiar y de género son algunos de los ejes en los que se impondrán nuevos controles al interior de la fuerza azul.
La idea es que el proyecto de ley ingrese en comisiones durante la semana próxima.
Fuente: http://www.lavoz.com.ar
